Parece que en Neuquén la vara de la justicia administrativa no mide igual para todos; se estira, se encoge o se vuelve invisible según quién habite el sillón del intendente. Mientras algunos municipios son blindados con una ceguera selectiva del Tribunal de Cuentas, otros —como la Plottier de Bertolini o la de Gloria Ruiz— parecen tener una sentencia de muerte administrativa escrita antes de que termine el proceso. El caso de Rincón de los Sauces es una pieza de antología para el manual de la impunidad. Segun comentan La intendenta Norma Sepúlveda, bajo el ala de Marcelo Rucci, se sacó la lotería: el Tribunal de Cuentas detectó de todo. Bancos sin conciliar, una licitación para una obra de agua con un sobreprecio de película del 57%, licitaciones de camionetas con procesos dignos de un mercado persa, y una deuda con el ISSN de 169 millones de pesos que, por arte de magia, se esfumó de los registros. ¿Qué hizo el organismo encargado de vigilar las arcas públicas ante este festival de desprolijidades? Aprobó la rendición. Sí, leyó bien. Con la fórmula mágica de «con salvedades y observaciones», el Tribunal le dio luz verde, demostrando que si el color político es el indicado, las irregularidades son solo «detalles administrativos».
Editorial de Pedemonte Martin para VozDeLibertad, 8 de agosto del 2026.
La diferencia de trato es tan escandalosa como elocuente. Mientras algunos funcionarios públicos sufren el rigor de una auditoría inquisidora que termina en destitución, en Rincón de los Sauces las advertencias parecen escritas con tinta simpática: se ven, pero se borran al leerlas. Al final del día, la pregunta no es si el Tribunal de Cuentas sabe contar, sino para quiénes decide, deliberadamente, no saber hacerlo.
La República de la Complicidad: Cuando el control se vuelve un favor y el ciudadano, un convidado de piedra
La República no es un papel firmado en el papel ajeno de una Constitución ni un conjunto de edificios donde se reparten despachos; es, ante todo, una arquitectura moral. Se sostiene sobre una premisa tan simple como exigente: el poder no es dueño de lo público, es apenas su administrador temporal. Y para que ese poder no devenga en sultanato, los republicanos clásicos diseñaron un antídoto implacable: los frenos y contrapesos (checks and balances), donde la ley es igual para todos y el control del Estado es un mandato sagrado, no un negocio de conveniencias.
Sin embargo, lo que revelan episodios como el de Rincón de los Sauces —contrastado con el rigor selectivo que decapita o blinda según el apellido o la terminal política del intendente de turno— no es un simple error administrativo. Es la degeneración de la república en un club de privilegios.
El Tribunal de Cuentas como escribanía del poder
Cuando un organismo de control detecta sobreprecios del 57%, cuentas bancarias fantasmas, millones que se esfuman de un instituto previsional y procesos de compra truchos, pero termina firmando un «aprobado con salvedades», no está haciendo auditoría: está haciendo política partidaria con ropaje técnico.
Ahí radica la quiebra filosófica de nuestras instituciones. El Estado se privatiza por dentro. La ley deja de ser una regla neutral para transformarse en un traje a medida: una armadura de acero para perseguir al adversario o indisciplinado, y una gasa translúcida para proteger al socio, al leal, o al pesado de turno que maneja cajas e influencias. Cuando el árbitro se convierte en hincha, el juego democrático se muere.
El peligroso lujo de la indiferencia
Pero culpar únicamente al político corrupto o al funcionario complaciente es caer en la mitad del diagnóstico. La pregunta más áspera nos apunta al espejo: ¿Qué rol hemos jugado los ciudadanos?
Nos hemos acostumbrado a consumir la política como si fuera un espectáculo de streaming o una disputa de barra brava, donde se alienta a los propios y se abuchea a los ajenos con la cómoda distancia del que mira una pantalla. Hemos delegado la soberanía —que es una responsabilidad indelegable— en manos de una casta que interpreta nuestro silencio como un cheque en blanco.
Inmiscuirse no es una opción cívica simpática; es una obligación existencial. La democracia no se erosiona por un golpe de fuerza repentino, sino por la corrosión lenta de la apatía cotidiana. Cada vez que el ciudadano mira hacia otro lado porque «total, todos roban», cada vez que prefiere el acomodo personal al mérito colectivo, está firmando el acta de defunción de su propia libertad.
El despertar de los gobernados
Los políticos no nos «llevan puestos» por su genialidad maquiavélica, sino por nuestra cómoda prescindencia. Nos han enseñado a creer que la cosa pública es asunto exclusivo de los profesionales de la rosca, reduciéndonos a la triste condición de contribuyentes silenciosos y votantes cada dos años.
Si no volvemos a ejercer el derecho sagrado de la inquisición ciudadana, si no exigimos cuentas en las calles, en los concejos deliberantes y en cada rincón donde se decida el destino de nuestro dinero, seguiremos siendo súbditos de un feudalismo moderno disfrazado de democracia.
La República no se rescata esperando a que los lobos se vuelvan vegetarianos; se rescata cuando el ciudadano común entiende que el Estado no es de ellos, sino nuestro. Y que vigilar al poder no es una intromisión, es el precio inevitable de seguir siendo libres.
___________
¿Monumentos al pasado, centros educativos o guarderias profesionales?
Neuquen. El espejismo de oro negro: Crónica de una opulencia que nunca llega al barrio
¿Legislatura o Escribanía de Lujo? El arte de no hacer nada, o demasiado muy rapido (con estilo)