Neuquén reluce en los despachos oficiales y en las pantallas de la política grande. La provincia se vende como el motor energético del país, la futura potencia gasífera de Sudamérica y la tierra de Vaca Muerta, donde los pozos escupen millones y los despachos celebran récords de producción. Pero ese brillo petrolero es un espejismo cruel para el interior profundo. A pocos kilómetros de los centros de extracción, en localidades como Zapala, Neuquen capital y muchos otros mas, la realidad se estrella contra una pared de chapa, contratos leoninos y alquileres por las nubes. La ecuación es tan simple como devastadora: la promesa de trabajo atrae a familias enteras ávidas de salir adelante, pero la provincia recibe esa marea humana sin infraestructura, sin planificación y librada al azar del mercado. ¿El resultado? No hay casas. Las pocas que quedan disparan sus precios a cifras imposibles, mientras la calidad de lo habitable se hunde en condiciones paupérrimas. Se alquilan ruinas a precio de oro, porque la desesperación no negocia. No es un problema nuevo para ser sinceros, ya es un tema de larga data. Es mas, lo que han crecido las ciudades, lo han hecho en cantidad de habitantes pero no de infraestructura. Las cloacas colapsan, las ciudades se inundan.
Editorial de Pedemonte Martin para VozDeLibertad 14 de agosto 2026
En este tablero, los ganadores de siempre hacen su negocio con la necesidad ajena. Un puñado de inmobiliarias agiliza la usura legalizada y unos pocos terratenientes, dueños de veinte propiedades o más, viven de rentas como verdaderos reyes modernos, ajenos al drama de no tener dónde caerse muerto. Del otro lado, el Estado local y provincial mira para otro lado. No hay loteos sociales masivos, los terrenos disponibles escasean y los que se entregan llegan tarde, mal y sin servicios básicos. Comprar un lote hoy es un privilegio de casta; construir, una quimera.
Y si el mercado ahoga, las instituciones que deberían poner un freno abandonan el ring. Cuando el inquilino acude a Defensa al Consumidor en busca de amparo ante abusos, contratos confiscatorios o expensas impagables, choca contra la desidia burocrática. Se desentienden.
La pregunta duele por su absoluta vigencia: ¿A quién hay que acudir?
Pagan impuestos religiosamente para sostener un aparato estatal que engorda ministerios pero vacía de respuestas la vida cotidiana. Si el municipio no lotea, si la provincia prioriza el barril por sobre el techo, y si los organismos de control se convierten en estatuas mudas, nos estamos volviendo, inexorablemente, tierra de nadie. La ley del más fuerte impera en los barrios, donde el derecho constitucional a una vivienda digna se redujo a una utopía de ricos.
Si las instituciones siguen de vacaciones mientras el pueblo alquila su miseria, la pregunta final ya no es hacia dónde vamos, sino qué carajo debemos hacer para que nos devuelvan el derecho a vivir con dignidad en nuestra propia tierra.