Neuquén es una provincia maravillosa. Tenemos Vaca Muerta, la mejor cordillera, dinosaurios fosilizados y, sorprendentemente, leyes que también parecen sacadas del Parque Jurásico. Sí, porque aunque usted no lo crea, en la era del 5G, del ChatGPT y de las billeteras virtuales, nuestros funcionarios provinciales se siguen rigiendo por una ley sancionada en 1958 a la hora de contarnos qué tienen en sus bolsillos.
¡1958! Imagínese el contexto. El ser humano aún no había pisado la luna, pero en Neuquén ya habíamos inventado un agujero negro insuperable: la Declaración Jurada «Secreta».
El sistema actual es una verdadera joya de la confianza ciega y la fe inquebrantable. El funcionario asume, anota su patrimonio en un papelito, lo mete en un sobre cerrado, lo sella y nos dice, con una cálida palmada en la espalda: «Tranquilo, vecino, está todo en regla». Y ese sobre sagrado solo se abre si un juez lo solicita en medio de una investigación por enriquecimiento ilícito. Un evento astronómico que, como bien sabemos, ocurre en estas latitudes con la misma frecuencia con la que llueve cafe.
Pero claro, siempre hay alguien dispuesto a arruinarle la fiesta al oscurantismo. Resulta que se presento el proyecto de ley 16612 para cometer la «osadía» de pedir que las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios de los tres Poderes del Estado adquieran carácter público. ¡Y de libre acceso! Un escándalo. ¿Cómo se le ocurre que la ciudadanía tenga derecho a saber de qué viven los que viven de los impuestos de la ciudadanía?
El texto del proyecto es tan minucioso que parece la lista de compras de un jeque. Exige que blanqueen inmuebles, autos, depósitos bancarios (adentro y afuera del país), acciones, derechos de propiedad intelectual, naves, aeronaves (sí, naves, porque uno nunca sabe cuándo un subsecretario necesita un yate de urgencia) y hasta… ¡criptomonedas! Qué falta de empatía con los pobres funcionarios que no les cierra el blanco, que con tanto esfuerzo sentados en sus sillones negros de cuero «trabajan» por la provincia.
Para colmo de males, la iniciativa no deja títere con cabeza: alcanza al Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Estado, el mismísimo BPN, empresas estatales, municipios y sindicatos. Básicamente, a todo aquel que tenga la suerte de administrar un peso del erario público. Y el que no cumpla, propone el proyecto, enfrentará un juicio político y no podrá volver a ejercer un cargo. Una tiranía de la transparencia.
Lo verdaderamente irónico de todo esto es que tengamos que debatir si mostrar el patrimonio es importante o no. En cualquier lugar del mundo civilizado, que los votantes puedan comprobar si un político entró a la función pública manejando un Fiat 147 y salió en un helicóptero privado es un derecho básico, el famoso «monitoreo de evolución patrimonial» para prevenir la corrupción estructural. Aquí, por el contrario, parece ser una invasión a la sagrada privacidad de los administradores de la cosa nuestra.
Es hora de jubilar la ley de 1958. Necesitamos que las declaraciones juradas dejen de ser un secreto de Estado y pasen a ser tan públicas y ruidosas como los discursos de campaña. Porque si de verdad no hay nada que esconder, el sobre cerrado y el lacre sobran. Y si de golpe aparecen aviones, yates, cuentas en Bahamas o billeteras de criptoactivos de dudosa procedencia… bueno, al menos que tengan la decencia de invitarnos a dar una vuelta. Después de todo, a ese patrimonio, directa o indirectamente, lo terminamos pagando todos nosotros.
Aca puedes leer el proyecto de Ley:
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